El Censurómetro: VPMRG instrumentalizada, opacidad y agresiones contra periodistas. (Julio-Agosto)
Las y los periodistas se siguen enfrentando a intentos de censura por parte del funcionariado público, continúan siendo objeto de amenazas y trabajando en contextos que vulneran su integridad. Este es el recuento de lo sucedido en el último mes (abarcando del 12 de julio al 13 de agosto).
Instrumentalización de la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género
El 9 de agosto los periodistas de Campeche Jesús Hubert Carrera, Abraham Martínez Caamal y Carlos Martínez Caamal, cumplieron una sanción relacionada a la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Fueron obligados a ofrecerle una disculpa pública, luego de que hablaron en el programa “La Barra Noticias” sobre una serie de bailes que la gobernadora realizó durante su trabajo. Los tres periodistas coincidieron en que la gobernadora Sansores utiliza esta ruta legal para censurar críticas a su gestión como funcionaria pública.
A estos casos se le suma el del periodista Jorge Luis González Valdez, quien también fue sancionado a raíz de una denuncia de Layda Sansores. Actualmente el medio en el que trabaja el periodista, La Tribuna, está sometido a un censor judicial, el cual determina qué puede publicarse y qué no. La Tribuna y Jorge Luis González Valdez están trabajando en un amparo al considerar que la resolución es totalmente inconstitucional.
El 10 de agosto culminó uno de los casos más mediáticos, el de la ciudadana de Hermosillo Karla Estrella Murrieta, quien terminó una serie de disculpas diarias que duraron 30 días, bajo el apercibimiento que de incumplir un día con las disculpas sus cuentas bancarias serían congeladas. Las disculpas fueron dirigidas a la diputada Karina Barreras, identificada como “Dato Protegido”.
Esta determinación fue tomada por el Tribunal Electoral al decidir que Karla Estrella cometió VPMRG contra la diputada. Su caso se ha usado como ejemplo de lo desproporcionadas que pueden ser las sanciones aprobadas por el Tribunal Electoral, la misma presidenta Claudia Sheinbaum opinó, durante su mañanera, que la resolución del Tribunal fue un exceso.
En Propuesta Cívica seguimos de cerca estos casos, al considerar que estos instrumentos jurídicos están siendo utilizados para censurar e intimidar periodistas y a la sociedad crítica, afectando la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a informarse.
La SCJN afirmó que buscará proteger la libertad de expresión
En medio de este contexto, el 8 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las opiniones expresadas en columnas periodísticas estarán protegidas por la Constitución. Esto siempre y cuando las columnas cumplan con un estándar de veracidad, utilizando información de dominio público que pueda verificarse.
Esta decisión se tomó a raíz de un amparo presentado por el periodista e investigador Sergio Aguayo Quezada, quien luego de publicar una columna de opinión fue condenado por daño moral contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal de la CDMX. El investigador estaba obligado a pagar una indemnización de 10,000,000 de pesos al exgobernador, por lo que se decretó el embargo de sus bienes.
Frente a esto Sergio Aguayo Quezada presentó el amparo directo 30/2020, que fue atraído de manera oficiosa por la SCJN, la que determinó que las opiniones del periodista estaban amparadas en la protección constitucional y no existió un abuso a la libertad de expresión. También determinó que su publicación estuvo sustentada en hechos de interés público y por lo tanto no existió una afectación al derecho al honor de Humberto Moreira.
Este caso funcionó para que la SCJN emitiera un precedente judicial de protección que buscará blindar las futuras opiniones de periodistas, quienes ahora estarán respaldados y respaldadas por la Constitución.
No más transparencia sin el INAI
65 organizaciones civiles denunciaron que el nuevo organismo de Transparencia para el Pueblo, destinado a sustituir al INAI, ha desechado el 99.6% de los recursos de revisión que se le han asignado. El nuevo organismo recién inicia sus funciones, a tres meses de haber comenzado, y hasta ahora de los 2 mil 253 recursos recibidos, únicamente 457 han sido reportados resueltos.
Esto levanta las alertas de las organizaciones denunciantes, pues consideran que significa un retroceso en la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país. La desaparición del INAI y el actual estado del nuevo organismo de Transparencia afectan directamente la labor periodística.
Trabajar en contextos peligrosos
Las y los periodistas de México siguen enfrentándose a coberturas donde se juegan la vida. El pasado 14 de junio en Imala, Culiacán, un grupo de al menos cuatro periodistas quedó atrapado en medio de un fuego cruzado entre dos presuntos grupos del crimen organizado. Ante el peligro buscaron refugiarse en casas cercanas, evitando los disparos. El auto de uno de los comunicadores resultó impactado por las balas durante el ataque. Si bien no hubo personas heridas, desde Propuesta Cívica hacemos énfasis en que nadie tendría que temer por su vida mientras se reportea.
No fue un hecho aislado, periodistas de la zona denuncian que desde hace once meses la violencia en Sinaloa se ha recrudecido, dejando al gremio en extrema vulnerabilidad.
El 23 de julio el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, editor general de Publimetro México denunció que ha recibido amenazas de muerte, intimidaciones cibernéticas y la filtración de sus datos personales. Posterior a su denuncia sufrió nuevamente más filtraciones de sus datos personales.
El 28 de julio dos reporteros de Guasave, Sinaloa, fueron sometidos y esposados por elementos de la Secretaría de Marina mientras cubrían un accidente en la carretera México 15. La detención fue arbitraria, sin protocolos y sin una explicación clara. Les confiscaron celulares y cámaras argumentando razones de seguridad operacional. Los reporteros también fueron obligados a borrar las imágenes y videos tomados durante la cobertura del accidente.
El 4 de agosto los periodistas de Baja California, Jorge Heras y Eduardo Villalugo, denunciaron una campaña de ciberacoso y censura, destinada tanto a sus cuentas personales, como sus espacios de trabajo: la plataforma digital Lindero Norte y el programa de radio Ciudad Capital. Sus cuentas recibieron una oleada de reportes con el propósito de cerrarlas. Los reportes fueron generados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, quienes lo hicieron por una orden directa del Teniente Coronel Jorge Enrique Medina, coordinador de operativos de la SSCBC, según lo explicaron los periodistas.
El 9 de agosto el periodista veracruzano Jesús Vichiqueht, locutor en “La Choleña, la Radio de Soledad”, denunció que su vehículo fue atacado afuera de las oficinas de su medio, en el municipio de Soledad de Doblado. Su parabrisas fue roto por personas sin identificar, la policía local le insinuó que este hecho era consecuencia de su labor periodística.
Asesinan a un periodista cada dos meses en México: RSF
Reporteros sin Fronteras publicó en julio un informe sobre la situación de las y los periodistas en América Latina. Allí señalan que en México se han asesinado a casi dos periodistas cada mes en lo que va de 2025. En su informe reportan que durante julio ocurrieron tres nuevos asesinatos de periodistas en menos de una semana, con lo que aumentaría el saldo total a 9 periodistas asesinados en este año, de los cuales ocho estarían relacionados con la labor periodística de las víctimas. RSF hace énfasis en que la situación recrudece a pesar de los compromisos asumidos por la Presidencia y la implementación de mecanismos de protección.
Conclusión mensual
Este mes se registraron avances significativos en los esfuerzos para proteger la libertad de expresión, resaltando la decisión de la Suprema Corte para respaldar las columnas de opinión. Sin embargo, las y los periodistas siguen estando en vulnerabilidad ante el abuso de recursos judiciales utilizados para censurar. Sin contrapesos y autocrítica por parte del funcionariado público, continúan las denuncias que limitan la libertad de expresión.
En el reporteo en campo la situación está lejos de mejorar, es escandaloso que elementos de la Marina sigan estando involucrados en detenciones arbitrarias contra periodistas. También es inadmisible el contexto de vulnerabilidad en la que las y los periodistas arriesgan su vida para poder informar a la ciudadanía. Pese a los mecanismos de protección, aún faltan acciones efectivas para atender y prevenir estas acciones.
