El Censurómetro: Agosto - Septiembre
El gremio periodístico comienza a organizarse contra el creciente asedio judicial que enfrenta la prensa en los últimos meses. Durante finales de agosto y principios de septiembre conglomerados de periodistas y organizaciones de sociedad civil realizaron acciones conjuntas para hacerle frente a los intentos de censura. Sin embargo el clima de hostilidad contra periodistas ha aumentado, recibiendo tanto amenazas, como ataques directos provenientes incluso de la policía local.
Esto es lo que ha sucedido del 14 de agosto al 18 de septiembre:
+Hostigamiento legal contra periodistas
Iniciamos con el caso de la abogada Silvia Delgado García, quien recientemente ganó una plaza de jueza en Chihuahua y denunció a 14 medios de comunicación y al activista Miguel Alfonso Meza por violencia política en razón de género. Lo que ocasionó la denuncia fue una investigación sobre los nexos entre Silvia Delgado y Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues en el pasado lo representó como su abogada. Debido a este vínculo los medios señalaron que la candidatura de Silvia Delgado en la elección judicial fue riesgosa.
Miguel Alfonso Meza, director de la organización Defensorxs, informó que durante el proceso de la denuncia, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEEC) solicitó sus datos personales al SAT, a Meta, Tik Tok y a su compañía telefónica. Solo Meta entregó el número celular y el correo electrónico privado de Miguel, posteriormente el IEEC entregó estos datos a Silvia Delgado, vulnerando directamente su seguridad.
13 agosto - La periodista Bibiana Belsasso fue demandada por daño moral por el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ricardo Rodríguez Vargas. La demanda fue interpuesta desde el año 2020 por una publicación donde la periodista lo señaló por presuntos actos de corrupción y acoso sexual a compañeras de trabajo. Desde entonces la periodista Belsasso ha recibido presiones y amenazas para que rectifique sus denuncias. Luego de perder en todas las instancias previas, su caso llegó este mes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde finalmente se decidió de manera unánime a favor de la periodista y se desechó la demanda, validando su trabajo de investigación.
13 y 18 de agosto - En Chilpancingo, Guerrero, más de 50 periodistas protestaron afuera de Ciudad Judicial denunciando que el INE y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) intentan silenciar y coartar la libertad de expresión. Esto luego de que tres integrantes del medio digital Tlacolol fueron acusados con un procedimiento especial sancionador por presunta inducción al voto en la elección del Poder Judicial y por presunta violencia política de género.
Cinco días después, el 18 de agosto, hubo una protesta organizada por colectivos de familiares de personas desaparecidas y representantes de organismos de derechos humanos para exigir al INE frenar el hostigamiento contra el medio Tlacolol. Las y los manifestantes también respaldaron a la Radio Universidad Pueblo, ya que trabajadores de ese medio habían señalado la intención del Instituto Federal de Telecomunicaciones de cerrar dicha radiodifusora.
26 de agosto - El caso del periodista Jorge González Valdez, de Campeche, sigue sin resolverse desde que la gobernadora Layda Sansores lo denunció por violencia política en razón de género, sometiendo al periodista a una censura previa.
La última actualización ocurrió el 26 de agosto, cuando el Tribunal Superior de Justicia del Estado ratificó las medidas cautelares contra el periodista, quien deberá tener un censor que revise sus publicaciones. Y su medio, Tribuna, deberá notificar a ese organismo todas las publicaciones donde se menciona a la gobernadora de Campeche Layda Sansores.
Posteriormente, el 29 de agosto, se realizó la audiencia de revisión de medida cautelar contra la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., proceso también iniciado por Layda Sansores, y en donde se encuentra señalado el periodista Jorge Luis González Valdez. La parte demandante exigía que se revelara el nombre de la persona responsable de redes sociales del medio, pero se determinó que su identidad se mantendrá protegida. Sin embargo, la organización estará obligada a enviar todas las notas donde se mencione a la gobernadora Sansores, para que se determine si procede o no una sanción.
En este contexto de hostigamiento legal, y con la reciente entrada del nuevo Poder Judicial, crece la preocupación entre los medios de comunicación sobre que esta nueva gestión llegue a actuar de manera más punitiva contra la prensa y/o que se obstaculice la libertad de expresión.
+Contra el delito de “ciberasedio” en Puebla
No han terminado los intentos por reformar y proteger al gremio periodístico de la ley de ciberasedio en Puebla, la cual entró en vigor el pasado 14 de junio y que desde entonces ha recibido múltiples críticas por sus descripciones ambiguas, ya que podrían facilitar la censura y el acoso judicial que enfrentan las y los periodistas en la entidad.
Durante la primera mitad de agosto, organizaciones civiles (incluída Propuesta Cívica), redes de periodistas y colectivos de personas defensoras promovieron diversos amparos en contra del artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla que tipifica el delito de “ciberasedio”, ya que lejos de proteger derechos, vulnera la libertad de expresión y habilita el acoso judicial contra las voces críticas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también presentó dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Ciberasedio en Puebla.
9 de septiembre - Sin embargo los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia Penal de Puebla desecharon cuatro de los amparos presentados por las organizaciones de sociedad civil.
Propuesta Cívica interpondrá un recurso de queja para que sea un Tribunal Colegiado el que analice el fondo, ya que existen cuestionamientos contra las personas titulares de los juzgados y los criterios en que basaron sus resoluciones.
+Crece el entorno hostil para la prensa en Baja California
El hostigamiento no se queda solo en el plano jurídico, pues las agresiones físicas continúan sucediendo. La situación despunta en Baja California, donde el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha identificado y atendido 54 casos de posible riesgo, según lo informó su directora, Karla Rodríguez Aguilar.
26 agosto - En este contexto el periodista Jorge Heras, director del portal de noticias Lindero Norte y conductor de radio y televisión, fue agredido a golpes el 26 de agosto por dos personas que lo interceptaron justo cuando el comunicador entraba a sus oficinas en Mexicali. Uno de los agresores le dijo textualmente: "Heras para que le bajes de huevos", mientras lo golpeaba.
El periodista presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, condenó los hechos y aseguró que no habrá impunidad en su caso.
Los agresores fueron identificados como Hugo “N”, quien era policía municipal en activo, y Hernán “N”. Ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones, amenazas y pandillerismo, con agravado al tratarse de un periodista.
Ésta no es la primera vez que Heras denuncia una agresión en su contra, a principios de agosto Heras y su compañero Eduardo Villalugo expusieron una campaña de redes sociales en su contra destinada a cerrar sus cuentas y censurarlos. De acuerdo al mismo periodista la campaña fue ordenada por el Teniente Coronel Jorge Enrique Medina, quien en ese entonces era coordinador de operativos de la SSCBC y que renunció a su cargo luego de las acusaciones.
9 septiembre - A esto se suma el caso de la periodista Dianeth Pérez Arreola, reportera del medio Brújula News en Baja California, quien denunció un acoso administrativo por parte de autoridades, luego de cuestionar las irregularidades que encontró en una obra pública del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La Fiscalía General de la República pidió a la periodista “coadyuvar” y revelar la información y evidencia que tiene en en el caso, a petición del secretario general del Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez.
Tras esto el colectivo de periodistas “YoSíSoyPeriodista” publicó un posicionamiento en el que condenó la actuación de las autoridades al considerar inadmisible que se utilice la intimidación judicial contra la periodista. Pidieron que se respete la confidencialidad de las fuentes y aseguraron que no van a permitir que se sienta un precedente de este tipo sin oponer resistencia.
+Agresiones, asesinatos
10 agosto - Geovanna Ramírez Morales, locutora de radio, conductora de televisión y activista fue encontrada sin vida en el municipio de Silao, en Guanajuato.
La Fiscalía General del Estado confirmó su muerte e informó que ya había iniciado una investigación para esclarecer las causas y dar con los responsables.
El Colectivo de Periodistas y Comunicadores del Estado de Guanajuato A.C. lamentó el crimen y exigió a las autoridades el oportuno esclarecimiento de los hechos.
19 agosto - La periodista Carolina Fernández, de Puebla, recibió más de 300 llamadas telefónicas automatizadas con amenazas de secuestro y daños a su propiedad. El acoso duró aproximadamente cinco horas y media, y no es la primera vez que la periodista recibe agresiones. Carolina es integrante del Mecanismo de Protección de Periodistas desde 2021, tras sufrir persecución política durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
26 agosto - El director del medio digital Correo Mixteco, Álvaro Medina Sánchez, denunció que sufrió una agresión y el intento de despojo de su equipo de trabajo mientras realizaba una cobertura en el municipio de San Andrés Dinicuití, Oaxaca. El periodista responsabilizó de la agresión al hermano de la presidenta municipal de San Andrés Dinicuití, Yessica Cruz Ortiz, y exigió protección de las autoridades para garantizar el derecho a la libertad de expresión.
8 septiembre - Un reportero de BCP Noticias fue agredido por al menos siete elementos de la Policía Municipal de Seyé, Yucatán, mientras cubría un accidente de carretera donde terminó una patrulla volcada y un automovilista detenido.
El periodista realizaba una entrevista a la persona detenida cuando el grupo de policías comenzó a empujarlo para impedirle realizar su trabajo, fue golpeado y lo intentaron tirar al suelo. Tras la agresión los elementos escaparon del lugar.
+Denuncia ante la ONU: desaparición forzada de periodistas en México
29 agosto - Las organizaciones Propuesta Cívica Reporteros y Sin Fronteras denunciaron al Estado Mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra por la desaparición de los periodistas María Esther Aguilar Cansimbe y José Antonio García Apac, ocurridas en Michoacán en 2009 y 2006, respectivamente.
Estas dos nuevas denuncias se suman a las ya presentadas anteriormente por Propuesta Cívica y RSF en relación con Mauricio Estrada Zamora, desaparecido en 2008, y Ramón Ángeles Zalpa, desaparecido en 2010, también en Michoacán. En 2023 el Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió ambos casos e inició el procedimiento de análisis, solicitando información al Estado mexicano.
Con esto se busca obligar al Estado a reconocer su responsabilidad y que determine las violaciones cometidas contra los derechos a la vida, la libertad, la integridad, el reconocimiento legal y la libertad de expresión, así como los derechos de las familias de ambos periodistas. Estas denuncias ocurren al tiempo que sociedad civil ha documentado la desaparición de 28 periodistas en México en las últimas dos décadas, cuyos casos han quedado en la impunidad.
+Despenalizando la palabra
En Nuevo León organizaciones ciudadanas (incluída Propuesta Cívica), periodistas y activistas presentaron el colectivo "Despenalizando La Palabra", con el que buscan mejorar las condiciones para la libertad de expresión que tiene el gremio.
Despenalizando la palabra hizo énfasis en que Nuevo León, Yucatán y Zacatecas son los únicos estados que mantienen la penalización contra los delitos contra el honor: calumnia, injuria y difamación, que atentan contra las y los periodistas.
Por ello, se instó a las y los diputados de Nuevo León eliminar delitos contra el honor del Código Penal antes del 12 de noviembre, fecha en la que expira la propuesta ciudadana presentada al Congreso local con este propósito.
+Conclusión mensual
La resistencia ante la censura sigue manifestándose principalmente desde la sociedad civil organizada, ya sea a través de colectivos de medios, protestas sociales u organizaciones civiles. Pero el contrapeso contra el creciente clima de hostilidad ante la prensa no puede recaer solo en la sociedad civil. Las autoridades locales y federales tienen que tomar acción para proteger al gremio periodístico, especialmente ahora que las agresiones contra comunicadores aumentan y se vive una incertidumbre generalizada ante la entrada del nuevo Poder Judicial, el cual puede cambiar todo el panorama en temas de protección a la libertad de prensa.
