Propuesta Cívica condena el asesinato de Carlos Castro y la desprotección de periodistas en Veracruz

Ciudad de México, 10 de enero de 2026. Propuesta Cívica expresa su profunda indignación ante el asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido el 8 de enero de 2026 en Poza Rica, Veracruz, y señala al Estado mexicano por la negligencia institucional que propició su muerte.

Carlos Castro, director del portal digital Código Norte Veracruz y especialista en cobertura de seguridad pública y nota roja, fue ejecutado a balazos mientras se encontraba en un restaurante en Poza Rica. El ataque ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas, cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon de manera directa contra el comunicador, causando su muerte en el lugar.

Castro recibió al menos 16 impactos de bala y falleció inmediatamente. Hasta el día de hoy no se han informado detenciones relacionadas con el caso.

La organización indicó que esta tragedia no es un crimen aislado. Es el resultado de una sistemática desprotección de periodistas en México y, particularmente, de un fallo catastrófico en los mecanismos estatales de protección que, conforme a la valoración de Propuesta Cívica, fueron retirados sin justificación razonable y sin mecanismos de reactivación expeditos.

Carlos Castro había sido inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas operado por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) desde el abril de 2024, tras recibir amenazas directamente vinculadas a su labor informativa. Durante los meses de abril a octubre de 2024, Castro utilizó activamente estas medidas de protección, que incluían botón de pánico, sistemas de seguridad personalizados y acompañamiento especializado. Sin embargo, las amenazas lo obligaron a abandonar temporalmente Poza Rica para salvaguardar su integridad física.

Lo que resulta gravemente preocupante es que, cuando Castro decidió retornar a su lugar de origen en agosto de 2025, las medidas de protección no fueron reactivadas. De acuerdo con declaraciones oficiales de la Secretaría de Gobernación, Castro habría necesitado presentar una solicitud formal para reactivar su protección. Esta exigencia burocrática, en un contexto donde el periodista ya había demostrado estar bajo amenaza, constituye una omisión inexcusable por parte de las autoridades competentes.

Los mecanismos de protección deben ser expeditos, eficaces y permanentes durante le periodo de riesgo, no sujetos al capricho de la burocracia estatal, concluyó la organización.

Por lo anterior, la organización Propuesta Cívica hace un enérgico y urgente llamado a la Gobernadora Rocío Nahle García y a los órganos autónomos estatales a que realicen una auditoría inmediata del Mecanismo de Protección para Periodistas y reformulen sus protocolos de reactivación de medidas, eliminando requisitos burocráticos que dejan a los periodistas en situación de vulnerabilidad.

La organización solicitó también la Fiscalía General del Estado de Veracruz que investigue exhaustivamente el asesinato de Carlos Castro, considerando como línea principal su actividad periodística y sus coberturas sobre seguridad pública, que identifique a los autores intelectuales del crimen, se establezcan los posibles vínculos con autoridades corruptas o grupos delictivos, y que se cumpla efectivamente con la administración de justicia.

“Carlos Castro pagó con su vida por ejercer su derecho fundamental a informar. Las autoridades mexicanas tienen la obligación moral, constitucional e internacional de romper este ciclo de impunidad, mediante reformas institucionales genuinas y efectivas. De lo contrario, seguiremos enterrando periodistas mientras el Estado presume de tener mecanismos de protección que, en realidad, funcionan como simulacros”, afirmó Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.

Información adicional

Las autoridades estatales, a través del director de la CEAPP, Javier Heredia, argumentaron que la protección de Carlos Leonardo Ramírez se retiró automáticamente tras el abandono del estado, sin reconocer que tal procedimiento deja un vacío crítico de vulnerabilidad para periodistas que han padecido amenazas previas. El mecanismo de protección debería funcionar como un sistema permanente que se reactive de oficio cuando el periodista retorna a su área de cobertura, especialmente en contextos de alto riesgo como Veracruz.

Veracruz es el estado más peligroso de México para ejercer el periodismo. Entre 2005 y 2024, se han registrado 31 asesinatos de periodistas y 4 desapariciones en la entidad. A nivel nacional, Carlos Castro es el treceavo periodista asesinado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El asesinato de Carlos Castro es el segundo periodista muerto durante la administración de la gobernadora Rocío Nahle García. Previamente, Avisak Douglas, fotógrafa de una campaña electoral de Movimiento Ciudadano en Juan Rodríguez Clara, fue asesinada en mayo de 2025. Además, Miguel Ángel Anaya Castillo, periodista de Pánuco, permanece desaparecido desde abril de 2025 tras denunciar intimidaciones.

Propuesta Cívica es una organización mexicana con más de 14 años de trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La organización es apartidista y basa sus posiciones exclusivamente en los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.