En memoria del periodista Javier Valdez. A 7 años de su crimen
Continuamos con la exigencia de justicia por el atroz crimen, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa
En el marco del séptimo aniversario luctuoso del periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas, sus familiares, organizaciones acompañantes, medios de comunicación y periodistas, continuamos con la exigencia de justicia por el atroz crimen, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
El trabajo de Javier Valdez Cárdenas adquirió reconocimiento nacional e internacional gracias a la originalidad de sus trabajos de documentación e investigación periodística para retratar los contextos sociales, políticos y de seguridad que se viven en Sinaloa y México. Sus obras periodísticas también han colaborado en la búsqueda de la verdad de personas desaparecidas y son referentes para entender el contexto actual de nuestro país.
Actualmente, los procesos judiciales iniciados contra los responsables materiales del homicidio de Javier se encuentran en etapas avanzadas: desde febrero de 2020, Heriberto Picos Barraza optó por ser sentenciado a través de procedimiento abreviado, siendo condenado a 14 años y 8 meses, sentencia que se encuentra firme. A inicios de octubre de 2023, el Tribunal Colegiado de Apelación en Sinaloa confirmó la sentencia en contra de Juan Francisco Picos Barrueta, por la cual se le impuso pena privativa de la libertad por 32 años y 3 meses. Juan Francisco tiene aún la oportunidad de iniciar un juicio de amparo directo en contra de esta decisión judicial.
Saludamos el trabajo de investigación y litigación desarrollado por la FEADLE y en sus inicios por la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, así como la imparcialidad del Poder judicial federal durante los procesos penales, los cuales sin duda ayudaron a la emisión de fallos condenatorios apegados a la legalidad.
Sin embargo, el Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda grande en el caso: lograr la extradición del presunto autor intelectual del homicidio, Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, quien se encuentra en Estados Unidos supuestamente en calidad de procesado y testigo clave en múltiples procesos judiciales. El caso no saldrá de la impunidad hasta que todas las personas que hayan ordenado y participado en el homicidio de Javier sean procesadas ante la justicia mexicana.
La familia de Javier Valdez, las organizaciones acompañantes, Ríodoce y otros medios de comunicación aliados coincidimos en que los compromisos bilaterales entre Estados Unidos y México no son excusa para dejar en completa impunidad los delitos que cometieron las personas extraditadas, ni invisibilizar las voces de las víctimas que exigen justicia.
Como cada año desde 2017, las exigencias de justicia para Javier continúan como parte del reclamo general al Estado mexicano para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición de estos graves crímenes. Por tanto, solicitamos:
A la Fiscalía General de la República:
- A través de FEADLE: garantizar que la línea de investigación relativa a la autoría intelectual se encuentre debidamente fortalecida, además de garantizar la protección de testigos y resguardar la información que de ellos se obtuvo en relación al caso.
- A través de la Coordinación de Asuntos Internacionales: evitar retrasos injustificados en la entrega de información al gobierno de Estados Unidos para continuar el proceso de extradición de Dámaso López Serrano.
- Mantener el diálogo con la familia de Javier Valdez y las organizaciones de la sociedad civil acompañantes.
- Continuar los refuerzos para disminuir la impunidad de los delitos de alto impacto cometidos contra la libertad de expresión en México, incluyendo la debida atención e investigación en casos de amenazas de muerte.
Al Gobierno de México:
- Incentivar la colaboración entre las instituciones, principalmente entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervienen en el proceso de extradición de Dámaso López Serrano.
- Propiciar la coordinación entre autoridades locales y de los tres niveles para garantizar la prevención y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
15/may/2024
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