Javier Valdez nació en Culiacán, Sinaloa en 1967, estudió sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y comenzó su trayectoria en el periodismo a través de Canal 3 para tiempo después fundar junto a otros compañeros uno de los medios más sobresalientes en el norte del país por su cobertura a las actividades del narcotráfico y su colusión con el gobierno: el Semanario Ríodoce.

Su trabajo recibió múltiples reconocimientos, entre los cuales destaca el Premio Internacional a la Libertad de Prensa otorgado por el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ) en 2011. A través de su columna Malayerba, retrató cómo la narcocultura permeaba en diversas esferas de la sociedad sinaloense.

Entre las notas periodísticas que posiblemente provocaron el descontento de la gente del Dorado (nombrados así a quienes trabajaban para los Dámaso después de su separación del Cártel de Sinaloa), destaca la entrevista realizada a Dámaso López Nuñez, alias el Licenciado, publicada en la versión impresa de Río Doce el 19 de febrero de 2017, la cual fue corroborada por este personaje a finales de 2019 y, así mismo, la crítica realizada hacia el liderazgo de Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, publicada el 7 de mayo de 2017.

Javier también es reconocido por su trabajo en la visibilización de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. A través de sus publicaciones Los Morros del Narco, Con una granada en la boca y Levantones, retrató la realidad de las afectaciones del narcotráfico en infancias y adolescencias.

El día 15 de mayo de 2017, Javier fue asesinado en la ciudad de Culiacán. El periodista fue interceptado por sus agresores mientras viajaba en su vehículo y recibió 13 impactos de bala provocados por dos armas distintas.

Los hechos comenzaron a ser investigados por las autoridades a nivel estatal y federal de manera conjunta pero, a pesar de los esfuerzos, no se encontraron ni las armas de fuego ni el vehículo con el cual se cometió el delito. Otro obstáculo es la falta de testigos presenciales.

En enero de 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) asumió la responsabilidad de la investigación a través de su facultad de atracción y giró tres órdenes de aprehensión en contra de los posibles autores materiales: Heriberto Picos Barraza, Juan Francisco Picos Barrueta y Luis Ildefonso Sánchez Romero. A los dos primeros se les vinculó a proceso bajo la causa penal 49/2018, mientras que el tercero fue acreditado como muerto por causas violentas a principios de 2018 en el estado de Sonora.

El proceso penal en contra de los responsables sufrió múltiples dilaciones procesales de casi 14 meses. Cabe mencionar, además, que la deficiencia de la FEADLE en sus técnicas de litigación provocó uno de los diferimientos en enero de 2020. Finalmente, tras años de litigio, Propuesta Cívica consiguió dos sentencias condenatorias en contra de los coautores materiales del homicidio.

Por lo que respecta a las investigaciones sobre la autoría intelectual, FEADLE fue omisa en realizar actos de investigación tendientes a determinar la misma antes de presentar las acusaciones en contra de Heriberto y Juan Francisco. A pesar de ello, inclusive después de las declaraciones de Dámaso López Núñez en el juicio seguido en contra de El Chapo en Estados Unidos, la FEADLE insistía públicamente en que el homicidio había sido ordenado por el hijo de Dámaso López, conocido como el Mini Lic. Fue hasta febrero de 2020 que la FEADLE contó con dos testigos que, al menos de forma indiciaria, determinaban quién había ordenado el asesinato de Javier Valdez.

Gracias a estos testigos, un Juez de Control otorgó la orden de aprehensión en contra del Mini Lic por su probable participación en el homicidio del periodista como autor intelectual el 23 de enero de 2020. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2022, el Juez Dana Makoto Sabraw de la Corte Federal del Distrito Sur de California sentenció a Dámaso L a 72 meses de prisión (tiempo que ya había sido cumplido) e indicó que por su cooperación podría quedar libre e, incluso, ser incorporado a un programa de protección de testigos. Organizaciones advertimos con preocupación que esto cerraría aún más las posibilidades para la justicia mexicana. Actualmente se desconoce el estado de los procesos penales que enfrenta en Estados Unidos. Se sabe que tendrá participación como testigo protegido en los casos de otros narcotraficantes en dicho país.