El estado de Guerrero es una de las entidades más violentas de México para ejercer el periodismo. La marginación, desigualdad social y macrocriminalidad forman un complejo panorama para el ejercicio de la libertad de expresión. Así, desde la década de 1970, las desapariciones forzadas (caso Radilla) y ejecuciones arbitrarias (Masacre de Aguas Blancas), son muestra de las graves violaciones a los derechos humanos en la entidad. Poco ha cambiado en el estado, y mostró su rostro más feroz en el año 2014, cuando 43 normalistas de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzadamente en la ciudad de Iguala, además del asesinato de otras personas y otras graves violaciones, en lo que supuso uno de los casos más emblemáticos del México contemporáneo, con la participación activa de agentes del Estado y miembros del crimen organizado. De esta manera, según reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el actual sexenio el 58.4% de los asesinatos de periodistas se concentran en seis estados, ocupando Guerrero el tercer sitio como la entidad más mortífera para periodistas.

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