- Durante la jornada electoral se registraron 58 agresiones a periodistas con un total de 39 casos, predominando el bloqueo informativo y actos de intimidación, siendo los estados de Coahuila, Jalisco, Campeche, Chihuahua y Guerrero con mayores índices de violencia.
- La deuda del Estado mexicano en la creación de una política integral de protección a personas defensoras y periodistas, es uno de los mayores retos de las autoridades frente a la crisis en derechos humanos.
- Organizaciones de la sociedad civil y periodistas, demandan la creación de una mesa de trabajo con el equipo de transición del nuevo gobierno, a fin de diseñar de manera inmediata un plan de contingencia que atienda la grave crisis en materia de libertad de expresión en el país.
El 1 de julio el CIC-Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y CPJ por sus siglas en inglés, realizaron la documentación de agresiones contra la prensa y brindaron asesorías jurídicas a periodistas que lo requirieron, como parte del monitoreo que desde enero de 2018 se realiza y forma parte del proyecto #AlertaPrensa.
Durante la jornada electoral se registraron 58 agresiones a periodistas en 39 casos documentados, en ellas predominando el bloqueo informativo (15), intimidación (10), agresión física (3), amenazas (3), privación de la libertad (2), robo o destrucción de equipo (2), ataques cibernéticos (1), clonación de sitio (1), intervención de cuentas (1) y violencia sexual (1). Los Estados que registraron un mayor número de agresiones fueron: Coahuila (6), Jalisco (5), Campeche (5), Chihuahua (4) y el estado de Guerrero (3).
Lo anterior es reflejo de la profunda crisis de seguridad y violencia de los últimos sexenios hacia periodistas y que ha llevado a México a ser el segundo país más violento para ejercer esta profesión, con una cifra de impunidad que sobrepasa más del 99% de casos sin ser resueltos.
A pesar del número de periodistas asesinados, desapariciones, ataques físicos, psicológicos y digitales, que se han cometido contra la prensa durante el actual sexenio que está finalizando, y de las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el Estado mexicano no ha adoptado las medidas necesarias en materia de protección al ejercicio de libertad de expresión, incluso a sabiendas de un escenario electoral violento, y de las alertas emitidas por las organizaciones y organismos internacionales. La deuda del Estado mexicano en la creación de una política integral de protección a personas defensoras y periodistas, es uno de los mayores retos de las autoridades, de acuerdo al informe de los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH sobre México (2018).
Ante este contexto de violencia y crisis sistemática para el ejercicio de la labor periodística, se hace necesario que el gobierno que asume el poder, establezca acciones concretas, en el marco de un plan de trabajo dirigido a superar la crisis actual en materia de derechos humanos.
Por ese motivo, los equipos de transición del gobierno electo deben establecer una mesa de trabajo con las diversas organizaciones de la Sociedad Civil y periodistas, a fin de diseñar de manera inmediata un plan de contingencia que atienda a las recomendaciones emitidas en el último informe de los Relatores para la Libertad de opinión y Expresión de la ONU y la CIDH.
Por último, exigimos a la FEADLE y demás organismos encargados de protección y procuración de justicia, que inicien de forma inmediata las investigaciones sobre los ataques a periodistas durante la jornada electoral, agotando todas las líneas de investigación relacionadas con su labor, en miras de dar con el paradero de los presuntos responsables, garantizando a su vez la no repetición de los actos de violencia cometidos contra las y los periodistas.
Para mayor información
Reporteros Sin Fronteras
Balbina Flores / +52 5537931275
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CIC- Propuesta Cívica
Sara Lidia Mendiola / +52 5554568184
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