Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas exigimos que el Poder judicial de Yucatán garantice el cumplimiento de estándares constitucionales durante en la resolución del juicio civil 389/2021, seguido en contra de diversos medios de comunicación digitales y periodistas.
Se tiene conocimiento que el pasado mes de noviembre de 2021, se admitió una demanda por daño moral en contra de los medios digitales Rompecabezas, LECTOR MX, La Jornada Maya, Infolliteras, Presidio y dos periodistas, con motivo de supuestas afectaciones generadas en el patrimonio moral del empresario Rafael Acosta Solís, derivado de la publicación de diversas notas periodísticas donde se hacía referencia a conflictos entre este personaje y ejidatarios de Samahil, Yucatán, los días 4 y 5 de septiembre de 2019.
En cuanto a la secuela procesal del juicio civil, se tiene conocimiento que a la fecha solo se ha notificado al medio de comunicación Infolliteras, sin que se tenga conocimiento de que el Poder judicial estatal haya emprendido las gestiones necesarias para realizar las notificaciones de los medios de comunicación y periodistas restantes, para responder a la demanda presentada en su contra y así dar continuidad al juicio civil.
Por otro lado, se tiene conocimiento de una investigación penal seguida ante la Fiscalía general de Justicia de Yucatán por la probable comisión del delito de difamación, derivado de publicaciones relacionadas con posibles actos de corrupción de la ex directora de la Secretaría del Medio Ambientes de Yucatán, a través de la cual se han acosado a los medios Revista La Noticia Ciudadana, Noticias al Punto, Infolliteras.com, Cambio del sureste, Grillo de Yucatán y Yucatán al Segundo, solicitando información sobre la nota periodística e incluso solicitando la eliminación de la nota o aquellas relacionadas con dicho caso por orden de la juez de control del Primer departamento judicial de Yucatán, Blanca Beatriz Bonilla González.
Se recuerda al Poder judicial de Yucatán, que tanto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las controversias en materia civil entre periodistas y personas con proyección pública que alegan daño moral en su contra derivado de publicaciones de reportajes, notas o columnas, deben ser analizadas desde los estándares de malicia efectiva, así como al estudio de las publicaciones desde los estándares de veracidad, imparcialidad y neutralidad en la información divulgada. Asimismo, se hace un llamado a las autoridades de impartición de justicia a abstenerse de iniciar investigaciones o procesos penales por los delitos de difamación y calumnia, al ser tipos penales contrarios a los estándares de protección a la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática, mismos que han sido declarados inconstitucionales e inconvencionales.
Recordamos que la Comisión interamericana de derechos humanos ha precisado que la presentación de denuncias penales y/o demandas de responsabilidad civil en contra de periodistas y medios de comunicación genera un efecto inhibitorio para las personas demandadas y sus colaboradores, lo cual perjudica el flujo de información en una sociedad democrática y genera angustia por la posible sanción penal o civil que pudiese generar tales acciones legales. Las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión deben ser proporcionales e impuestas una vez se tenga certeza que existió negligencia o falta de cuidado en la corroboración de información.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes, exigimos al Poder judicial de Yucatán a:
- Garantizar la máxima diligencia en las secuelas procesales del juicio civil 389/2021, asegurándose que los conflictos entre la libertad de expresión y la protección a la honra y dignidad de personas con proyección pública sea decididos a través de los estándares constitucionales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Agilizar las notificaciones a las codemandadas, de lo contrario consideramos que mantener suspendido un proceso judicial en contra de medios de comunicación y periodistas genera incertidumbre y angustia hacia los medios de comunicación y periodistas, situación que puede ser equiparable al conocimiento de procesos e investigaciones del orden penal puede afectar la libertad de expresión.
- Abstenerse de ordenar medidas dentro de procesos penales que tiendan a afectar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, máxime si son originadas por investigaciones penales por los delitos de difamación y calumnia.
Por otro lado, exigimos a la Fiscalía General de Justicia de Yucatán a:
- Abstenerse de iniciar y continuar las denuncias que sean presentadas por hechos supuestamente constitutivos de los delitos de difamación y calumnia, toda vez que han sido declarados contrarios a los estándares de protección de la libertad de expresión.
- Frenar las investigaciones que actualmente se encuentren iniciadas por los delitos de difamación, al tratarse de actos de criminalización que tienden a inhibir y reprimir la libertad de expresión por actores políticos o con proyección pública.