El 17 de junio de 2021, Gustavo fue asesinado por ejercer una labor informativa, por documentar y exponer temas de interés público, un crimen que pudo evitarse – como tantos otros – si las autoridades del Estado Mexicano no hubiesen sido indiferentes a las amenazas que denunció ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pues a pesar de encontrarse incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por amenazas de muerte yataques armados perpetrados en su contra, ambas autoridades no realizaron las gestiones necesarias y en tiempo para implementar las medidas de protección necesarias y efectivas que hubiesen salvaguardado su vida.
“No he recibido contacto con autoridades a fin de garantizar integridad física al realizar trabajos periodísticos, quedando como al inicio, no hay avances en la protección al medio periodístico, por parte del gobierno federal y estatal.” (sic). Estas fueron las últimas palabras que Gustavo comunicó al Mecanismo de Protección, no hubo respuesta por parte de la institución encargada de la protección de personas defensoras y periodistas. Lamentablemente, el 17 de junio de 2021, Gustavo y su hijo (menor de edad) fueron perseguidos e interceptados por dos hombres en una camioneta cerca de la localidad del Morro Mazatan, arrebatándole la vida apunta de disparos.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 121/2022, a través de la cual se determinó la responsabilidad de diversas autoridades estatales y federales por su omisión de atender de manera adecuada y efectiva la situación de riesgo de Gustavo, la indiferencia continúa: los puntos recomendatorios no han sido atendidos por las autoridades responsables. Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Mecanismo de Protección, son los únicos que han aceptado la recomendación misma a la que no han dado un cumplimiento total, por su parte el Gobierno de Oaxaca optó por no aceptar la recomendación, dando cuenta de su indiferencia y ausencia de reconocimiento en las responsabilidades derivadas del caso.A dos años del crimen, la familia del periodista no ha obtenido reparación integral, ni ha tenido acceso a la justicia por las graves violaciones cometidas en perjuicio de Gustavo.
A pesar de que la familia de Gustavo, Propuesta Cívica como representante legal y Reporteros Sin Fronteras como acompañante, solicitaron la atracción de la investigación a favor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), las deficiencias y omisiones de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca podrían impactarlos avances de la federación en el esclarecimiento de los hechos. Es necesario que las Fiscalías estatales sean lo más diligentes posibles, toda vez que en ellas descansa la responsabilidad de las primeras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.
El actual contexto de violencia en contra de personas periodistas exige a las autoridades generar una política pública que integre acciones efectivas para prevenir, proteger y garantizar la integridad y vida de quienes ejercen la liberta de expresión en México, de lo contrario es imposible avanzar hacia una cultura de paz.
En el marco do segundo aniversario en memoria del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, la mejor forma de honrar y recordarlo es exigir verdad, justicia y no repetición. Debido a ello, la familia de Gustavo, Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y la Red Nacional Tejidos Solidarios solicitamos:
A la Fiscalía General de la República:
- A través de FEADLE: Realizar las diligencias encaminadas para el esclarecimiento de los hechos, agotando las líneas de investigación que vinculen el asesinato del periodista con su labor, así como la detención de las personas que perpetraron el asesinato.
Al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
- Cumplir a cabalidad con la recomendación 121/2022, incluyendo la participación de la familia y sus asesores jurídicos en las acciones de disculpa pública y procesos de responsabilidad administrativa en contra de múltiples servidores públicos de distintos niveles, a causa de las omisiones identificadas por la CNDH en su investigación.
- Garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos que se encuentren incorporadas, como garantía de su compromiso con la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.
Al Gobierno de Oaxaca:
- Reafirmar su compromiso con la libertad de expresión y aceptar la Recomendación 121/2022, emitida por la CNDH. Ello, con la finalidad de garantizar las medidas de satisfacción y garantías de no repetición a favor de la familia de Gustavo y del gremio periodístico en el estado.
A la Fiscalía General de Oaxaca:
- Garantizar la máxima diligencia en las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como el cumplimiento de la Recomendación 121/2022.
#LaIndiferenciaMata
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Mauricio Pérez Muñoz
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