
En México, personas servidoras públicas, actores políticos y empresarios, principalmente, emplean mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de represión contra periodistas y medios de comunicación.
En uno de los países más peligrosos para la prensa a nivel mundial, resulta alarmante que los jueces responsables de garantizar el Estado de Derecho emitan sentencias desproporcionadas que agreden directamente la libertad de expresión en el país.


Ismael Bojórquez
El director del semanario Río Doce en Culiacán, Sinaloa, nos narra su experiencia al afrontar una demanda por daño moral, sus prácticas periodísticas de comprobación de datos y el derecho de réplica que da a las partes. Su labor en un estado de la república donde ser periodista es riesgoso, deja ver que el oficio requiere de muchos cuidados.








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Los pleitos estratégicos contra la participación pública (CIDH) son demandas abusivas que se interponen con el fin de impedir actos de participación pública o el ejercicio de los derechos humanos. Estas acciones legales se dirigen contra individuos y organizaciones –incluidos periodistas, medios de comunicación, denunciantes de irregularidades, activistas, académicos y ONG– que se manifiestan sobre asuntos de interés público.
DAÑO MORAL
El daño moral es la afectación que una persona sufre en derechos de naturaleza intangible, como los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás.
REAL MALICIA O MALICIA EFECTIVA
Existe malicia efectiva cuando los medios de comunicación no llevaron un ejercicio mínimo de comprobación de la información difundida y aún así se difunde conociendo su falsedad o con total despreocupación sobre si es o no cierta.

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DAÑO MORAL
REAL MALICIA O MALICIA EFECTIVA

INCIDENCIAS E INICIATIVAS

Estados que aún contemplan delitos contra el honor.
Mapa de incidencia e iniciativas presentadas por Propuesta Cívica
Nuevo León | Yucatán | Zacateca | Campeche | Sonora | Michocán
Hidalgo | Nuevo León | Sinaloa | San Luis Potosí | Senado de la República


EXIGENCIAS
A los Congresos legislativos estatales, derogar los delitos de difamación, calumnia, injurias y ultrajes a la autoridad en los Códigos penales de Campeche, Yucatán, Nuevo León y Zacatecas;
A los Congresos legislativos estatales, realizar las adecuaciones normativas para incorporar la figura de malicia efectiva en las legislaciones local y federal en materia civil en México;
A los Consejos de la judicatura estatales, incentive la capacitación a sus jueces y magistrados en materia civil, respecto a los estándares constitucionales para la resolución de casos entre la libertad de expresión y la honra y dignidad de servidores públicos.
A los Poderes judiciales estatales y federal, incluir en sus informes estadísticos el número de demandas presentadas por daño moral en contra de periodistas, desagregada por admitidas, en juicio, concluidas y, en su caso, el sentido de la sentencia.


