En México, personas servidoras públicas, actores políticos y empresarios, principalmente, emplean mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de represión contra periodistas y medios de comunicación.
En uno de los países más peligrosos para la prensa a nivel mundial, resulta alarmante que los jueces responsables de garantizar el Estado de Derecho emitan sentencias desproporcionadas que agreden directamente la libertad de expresión en el país.
Ismael Bojórquez
El director del semanario Río Doce en Culiacán, Sinaloa, nos narra su experiencia al afrontar una demanda por daño moral, sus prácticas periodísticas de comprobación de datos y el derecho de réplica que da a las partes. Su labor en un estado de la república donde ser periodista es riesgoso, deja ver que el oficio requiere de muchos cuidados.
SLAPP
Los pleitos estratégicos contra la participación pública (CIDH) son demandas abusivas que se interponen con el fin de impedir actos de participación pública o el ejercicio de los derechos humanos. Estas acciones legales se dirigen contra individuos y organizaciones –incluidos periodistas, medios de comunicación, denunciantes de irregularidades, activistas, académicos y ONG– que se manifiestan sobre asuntos de interés público.
DAÑO MORAL
El daño moral es la afectación que una persona sufre en derechos de naturaleza intangible, como los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás.
REAL MALICIA O MALICIA EFECTIVA
Existe malicia efectiva cuando los medios de comunicación no llevaron un ejercicio mínimo de comprobación de la información difundida y aún así se difunde conociendo su falsedad o con total despreocupación sobre si es o no cierta.