Coahuila: Preocupa Instrumentalización del Poder Judicial para silenciar a medios críticos

Ciudad de México, 3 de abril de 2025 — Propuesta Cívica manifiesta su profunda preocupación ante la creciente instrumentalización del Poder Judicial en el estado de Coahuila como mecanismo para acallar a periodistas y medios de comunicación críticos.

Desde el año 2016, el periódico Vanguardia ha sido objeto de una campaña sistemática de acoso judicial y represalias, presuntamente orquestada por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, luego de que el medio informara sobre su detención en España por presuntos delitos financieros. En estos casi nueve años, Vanguardia ha enfrentado demandas estratégicas, amenazas, cateos y un intento de embargo de bienes de familiares de su director general, Armando Castilla, en un proceso conducido por un magistrado vinculado al partido político de Moreira.

“La persecución a periodistas en estado de Coahuila no se ha limitado a los medios, sino que se extiende a las personas que los integran, afectando su seguridad, reputación y derechos fundamentales”, afirmó Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.  

Además de las demandas contra el periódico Vanguardia, la periodista Roxana Romero García, entonces reportera de dicho medio, enfrentó en 2016 una demanda por parte del entonces gobernador coahuilense Humberto Moreira Valdés tras haber publicado un reportaje investigativo revelando irregularidades graves en la pensión jubilatoria aprobada para Moreira Valdés.

En julio de 2016, el periodista y académico Sergio Aguayo fue demandado por Humberto Moreira, quien exigía una indemnización de 10 millones de pesos por presunto daño moral, derivado de la publicación de una columna de opinión. La acción legal coincidió con una investigación que Aguayo realizaba sobre la violencia y la corrupción en el estado de Coahuila.

Si bien esta demanda fue resuelta en favor del periodista en 2022, ese mismo año el exgobernador presentó una segunda demanda por daño moral, con lo que ha persistido el acoso judicial en contra de Sergio Aguayo.

Este tipo de acciones encajan en lo que los estándares internacionales definen como hostigamiento judicial estratégico (SLAPPs, por sus siglas en inglés): el uso de recursos legales para intimidar, censurar y desgastar a periodistas y medios. Estas prácticas son incompatibles con un Estado democrático de derecho y representan una amenaza directa a la libertad de expresión.

“Si bien el exgobernador Moreira ha sido un actor central en este hostigamiento judicial contra medios y periodistas, estas acciones, contrarias a la libertad de expresión, no habrían sido posibles sin la colusión o permisividad del Poder Judicial del estado.”  agregó Sara Mendiola.

Propuesta Cívica recuerda que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar con independencia, imparcialidad y apego a la legalidad, y no debe prestarse a intereses particulares que busquen coartar el ejercicio de derechos fundamentales. Cuando los tribunales permiten que las demandas por daño moral se convierten en herramientas para castigar el periodismo crítico, se debilita el derecho de la sociedad a estar informada y se vulneran las bases mismas de la democracia.

Finalmente, la organización Propuesta Cívica llama a las autoridades judiciales de Coahuila a actuar con responsabilidad, garantismo y respeto por la libertad de expresión, y a prevenir el uso indebido del aparato judicial como forma de censura y represión.

“El uso del sistema judicial como herramienta de represalia ante las voces críticas no tiene cabida en una sociedad democrática. En Coahuila, el Poder Judicial se ha transformado en una herramienta para silenciar a medios críticos, emitiendo sentencias a conveniencia de actores políticos y al margen de la ley y los principios fundamentales del Estado de derecho”, complementó Sara Mendiola.

En un contexto nacional donde persisten los riesgos y agresiones contra la prensa, es urgente que el sistema de justicia se coloque del lado de la verdad, la legalidad y los derechos humanos.

Información adicional:

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos, cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar sujeta al principio de legalidad, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y proporcional.

Las medidas judiciales que pretenden inhibir el debate público o el acceso a la información deben someterse a un análisis riguroso, ponderando siempre el interés público de los contenidos difundidos frente a un posible daño a la honra de figuras públicas o privadas con proyección pública, como lo establece la jurisprudencia tanto nacional como internacional.

Propuesta Cívica es una organización mexicana con más de 13 años de trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La organización ha acompañado legalmente casos emblemáticos como los de Javier Valdez, Miroslava Breach, Sergio Aguayo, entre otros.