A cuatro años del asesinato de Gustavo Sánchez Cabrera, es urgente esclarecer su asesinato y garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo

(Ciudad de México a 17 de junio del 2025). -  Hoy se cumplen cuatro años del asesinato en Oaxaca del periodista Gustavo Sánchez Cabrera. Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras denuncian que a la fecha el crimen no ha sido esclarecido y señalan que persisten las mismas condiciones que lo hicieron posible.

Adicionalmente, hoy también se cumple un año del acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad por el asesinato de Sánchez Cabrera, en el que autoridades del gobierno federal y del estado de Oaxaca asumieron compromisos que incluían la implementación de diversas acciones para prevenir agresiones y proteger a quienes ejercen el periodismo y así hechos de esa naturaleza “no vuelvan a ocurrir”, compromisos que claramente no se han materializado.

El 17 de junio de 2021, Gustavo Sánchez Cabrera, director del portal “La Policiaca, la Nota Roja de Oaxaca”, fue interceptado por sujetos armados mientras viajaba en su motocicleta por el municipio El Morro Mazatán, Istmo de Tehuantepec. Los agresores le dispararon y lo privaron de la vida.

Gustavo se encontraba acompañado de su hijo, entonces menor de edad, al momento del ataque.

Meses antes, el periodista había solicitado su incorporación al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección). Pese a las agresiones con arma de fuego sufridas en diciembre de 2019 y a las amenazas recibidas desde 2014, su petición de mayo de 2020 fue ignorada. 
Estas agresiones fueron también denunciadas ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la cual fue omisa en investigarlas.

Tras un intento de asesinato en junio de 2020 y un allanamiento armado a su domicilio en diciembre del mismo año, Sánchez Cabrera fue finalmente admitido en el Mecanismo de Protección en enero de 2021; sin embargo, a pesar de que se asignó un plan de protección, las medidas nunca fueron implementadas.

“No he recibido contacto de las autoridades para garantizar mi integridad; sigo igual que al principio, sin avances en la protección al periodismo por parte de los gobiernos federal y estatal”, declaró Gustavo un día antes de ser asesinado.

El caso evidenció las barreras que enfrentan las y los periodistas para acceder a esquemas de protección adecuados y la ineficacia de las fiscalías para investigar y llevar a los responsables ante la justicia.

Las organizaciones advierten que la omisión de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes no solo agravia a las víctimas indirectas, sino que reafirma un entorno de impunidad que incentiva nuevas agresiones.

“El asesinato de Gustavo evidenció —y sigue evidenciando— la falta de voluntad para proteger eficazmente a quienes informan, así como para investigar y sancionar las agresiones contra la prensa”, subrayó Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.

“Mientras los compromisos oficiales no se traduzcan en acciones concretas que terminen con la impunidad y garanticen protección efectiva, seguirán siendo palabras al viento, y las agresiones continuarán”, añadió la directora ejecutiva de Propuesta Cívica.

Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras hacen un llamado categórico al Gobierno de Oaxaca -segundo estado más peligroso para ejercer el periodismo-, a emitir normativa y capacitaciones que mejoren el trámite de solicitudes de protección y cumplan íntegramente la Recomendación 121/2022 de la CNDH relativa al caso de Gustavo Sánchez Cabrera.
Asimismo, las organizaciones reconocen los pasos dados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que actualmente lleva la investigación del asesinato e instan a la Fiscalía a redoblar esfuerzos para robustecer la investigación y llevar con prontitud a las personas responsables ante la justicia.

En el marco del cuarto aniversario del asesinato de Gustavo Sánchez Cabrera, las organizaciones firmantes —junto con la CNDH— se reunirán hoy con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH) y el Mecanismo de Protección Federal, con el fin de dar seguimiento a la Recomendación 121/2022, que no ha sido cumplida en sus elementos más sustantivos.

Durante dichas reuniones las autoridades se comprometieron a: avanzar de manera conjunta en el cumplimiento íntegro de la Recomendación 121/2022. En la reunión, las autoridades federales —incluida la Secretaría de Gobernación— y las instancias estatales de Oaxaca acordaron coordinar sus esfuerzos; la Fiscalía local informó que ya ejecutó las sanciones administrativas contra los servidores responsables de las omisiones y, junto con la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), se comprometió a impartir capacitación integral a su personal con perspectiva de libertad de expresión. Todas las dependencias reiteraron su obligación de garantizar la reparación integral para la familia de Gustavo Sánchez Cabrera, mientras que Propuesta Cívica, en calidad de representante legal, solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la emisión del dictamen de reparación del daño que servirá de base para materializar dicha reparación.

Información adicional
Tras el asesinato de Gustavo Sánchez Cabrera, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó severamente su asesinato y calificó de “especialmente preocupante” que, pese a conocer el riesgo que enfrentaba Gustavo Sánchez Cabrera, el Estado no hubiese brindado una respuesta de protección “efectiva, oportuna y proporcional”.

El 12 de julio de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 121/2022 dirigida a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por las negligencias y omisiones que derivaron en el asesinato del periodista. Las autoridades involucradas deben cumplir íntegramente las medidas recomendadas, reconocer su responsabilidad institucional y ofrecer una disculpa pública como parte de la reparación integral a la familia.

El 17 de junio de 2024 tuvo lugar, en cumplimiento de una parte de la recomendación 121/2022, el acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad por parte del estado de Oaxaca.