El Censurómetro: Junio, mes de censura institucionalizada y amenazas contra periodistas

En México ocurrieron cambios legislativos y hechos abiertamente amenazantes contra periodistas durante el mes de junio e inicios de julio. Los primeros dos estados donde se encendieron las alarmas fueron Puebla y Campeche, casos donde preocupa que el derecho pueda ser usado como medio indirecto de censura. 

Puebla y la Ley Mordaza

En el caso de Puebla, el Congreso estatal aprobó el 12 de junio la Ley de Ciberseguridad, apodada “Ley Mordaza”. Esta reforma al Código Penal tipifica el delito de ciberasedio: usar redes sociales para “insultar, injuriar, ofender o vejar” a cualquier persona, con penas de hasta tres años de prisión y multas severas. 

La preocupación gira en torno a la redacción vaga de la ley, pues ha sido ampliamente criticada por la CNDH y Amnistía Internacional, quienes advirtieron que podría utilizarse para criminalizar críticas legítimas y podría afectar el trabajo de periodistas y activistas.

Ante las críticas el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que la ley no limita a los medios de comunicación por lo que no implica censura. Sin embargo la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa, afirmó que el parlamento está dispuesto a revisar la ley aprobada, como lo solicitó la CNDH. También se anunció una serie de reuniones con diferentes sectores de la sociedad para revisar el impacto de este cambio legislativo. A pesar de ambos intentos de apertura, la ley sigue vigente sin modificaciones hasta el día de hoy. 

Campeche y la persecución judicial

En Campeche el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, fue acusado y posteriormente vinculado a proceso por incitación al odio y violencia de género en contra de la gobernadora Layda Sansores. 

En la acusación se señala que el periodista causó daño psicológico a la gobernadora a través de publicaciones en una columna anónima del diario Tribuna, sin embargo Jorge Luis González negó ser autor de dichos textos.

Debido a esto González Valdez, al día 9 de julio, tiene prohibido ejercer el periodismo por dos años, además se clausuró su medio digital y recibió una multa millonaria. La organización Reporteros Sin Fronteras calificó este caso como una persecución judicial. Afortunadamente el periodista apeló y el Tribunal Colegiado suspendió las medidas cautelares por determinar que son excesivas. González Valdez opinó al respecto: “Afortunadamente esta decisión contribuye a que haya frenos y se termine con los abusos de autoridad”. 

A este caso se le suman las denuncias contra los periodistas Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo y contra los medios Código Magenta, Tribuna y SinEmbargo.mx. Además de las resoluciones judiciales contra las ciudadanas Karla Estrella y Laisha Wilkins. La mayoría de estos casos fueron denunciados por violencia política en razón de género, al respecto medios como Opinión 51 expresaron su preocupación por el uso de mecanismos institucionales contra periodistas, columnistas y ciudadanos.

Ley de la Guardia Nacional y Telecomunicaciones 

A nivel nacional hay dos nuevas reformas, recién aprobadas durante junio, que han generado polémica en torno a la libertad de expresión y la censura que podrían implicar.
Se trata de la Ley de la Guardia Nacional y la Ley en Materia de Telecomunicaciones. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales denunciaron que estas reformas pueden provocar inminentes violaciones a los derechos humanos. 

Una de las múltiples advertencias sobre la Ley de la Guardia Nacional es que se legaliza la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles para estas atribuciones. Sin ningún filtro esto podría usarse de forma inadecuada para investigar a periodistas y personas defensoras en riesgo. 

En el caso de la Ley en Materia de Telecomunicaciones, fue ampliamente criticada por la posibilidad de que profundice el sistema de vigilancia y se generen violaciones a la privacidad, al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real, sin especificar cuáles son las autoridades facultadas para ello. El mal uso de estas herramientas podría poner en riesgo la privacidad y el trabajo de activistas y periodistas. Por otro lado uno de los puntos que generó preocupación fue el artículo 109 del dictamen, el cual facultaba al gobierno para bloquear temporalmente plataformas digitales. Este artículo finalmente fue eliminado luego de la presión para ajustar la reforma. 
En respuesta el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña, rechazó que dicha ley tenga el propósito de censurar o espiar. 

Asesinatos, amenazas y agresiones a periodistas 

Fuera del plano jurídico también se registraron ataques y amenazas de muerte directas contra periodistas. El 23 de junio se reportó el lamentable asesinato del periodista y fotógrafo Salomón Ordóñez, en la comunidad de Pahpatapan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Salomón fue fundador del medio digital Shalom Cuetzalan Producciones y colaborador habitual en la cobertura de temas comunitarios y de seguridad, fue atacado con arma de fuego y falleció mientras esperaba atención médica.

El 4 y 6 de julio Óscar Balderas, colaborador de MVS Noticias, Milenio y ADN40; así como Luis Chaparro, escritor en Pie de Nota, recibieron una serie de llamadas intimidatorias de un número privado, donde ambos fueron amenazados de muerte en caso de seguir con sus investigaciones periodísticas. 

El 6 de julio el periodista Hernán Gómez denunció que dos personas no identificadas intentaron ingresar a la vivienda de uno de sus familiares. 
El 7 de julio el reportero Reyli Polanco, colaborador del portal Despierta Quintana Roo, fue hospitalizado tras ser atacado con arma de fuego frente a su familia en el estacionamiento de su domicilio ubicado en Cancún. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el panorama que se construyó desde inicios de julio nos muestra un recrudecimiento de amenazas, agresiones y violencias contra periodistas; así como la falta de acciones efectivas para atender y prevenir estas acciones.

En el plano jurídico, si bien hay reformas pensadas para el beneficio común, los detalles ambiguos en los dictámenes y las prácticas abusivas de algunos elementos legales han generado un ambiente hostil para la libertad de expresión. De no atenderse las preocupaciones en torno a la potencial censura, esto podría convertirse en una práctica convencional para silenciar voces incómodas desde el Estado, en completa impunidad. 

Desde Propuesta Cívica proponemos observar con especial atención el uso de estos recursos legales, evitando la censura previa y las represalias derivadas del derecho a informar, y defendiendo siempre a la libertad de prensa como derecho fundamental para una sociedad democrática.