Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2025.- La organización Propuesta Cívica manifiesta su honda preocupación ante un acto de censura que además constituiría un peligroso precedente para la libertad de expresión en México: el uso distorsionado del juicio de amparo como mecanismo de acoso judicial para silenciar investigaciones periodísticas en el estado de Puebla.
El pasado 10 de noviembre de 2025, Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, admitió, al menos, tres juicios de amparo indirecto promovidos por trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en contra de cuatro periodistas, al ser considerados como “autoridades responsables”. Los periodistas demandados habían publicado una serie de notas periodísticas que exponían posibles casos de corrupción dentro de dicha institución educativa.
Ese mismo día, el juez otorgó suspensiones que prohíben a la prensa publicar información relacionada con los demandantes. Estas medidas constituyen censura previa, estrictamente prohibida por la Constitución, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por los estándares interamericanos de libertad de expresión.
El juzgador, al admitir los amparos, señaló que "no es legal ni correcto hacer imputaciones... si no ofrecen y mencionan las pruebas que sustenten la afirmación". Este criterio impone una carga de prueba desproporcionada al periodismo y constituye, una censura previa inconstitucional.
La organización Propuesta Cívica condena la censura impuesta a estos cuatro periodistas por cumplir su legítima labor de comunicar asuntos de evidente interés público, y considera motivo de gran alarma la decisión del Poder Judicial de utilizar un mecanismo diseñado para la salvaguarda de los derechos humanos como herramienta de supresión de la libertad de expresión.
“Equiparar a la prensa con la autoridad responsable desvirtúa la esencia del juicio de amparo y lo convierte en una herramienta de censura. El amparo no es un mecanismo para acallar investigaciones incómodas, ni un tribunal puede exigirle al periodismo estándares probatorios que niegan su propia naturaleza”, afirmó Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.
Propuesta Cívica exhorta al Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de Puebla a que declare improcedente las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de las personas periodistas.
Asimismo, la organización hace un llamado al recientemente creado Tribunal Disciplinario de Justicia para que revise la actuación del juez y garantice que el juicio de amparo no sea instrumentalizado para perseguir a quienes ejercen el periodismo por conflictos derivados de supuestas afectaciones a la honra y dignidad.
La organización advierte que las decisiones del Juez Francisco René Olivo Loyo representan un golpe directo al derecho a saber y a la labor periodística. Permitir que un juez federal difunda criterios contrarios a la Constitución y a la SCJN no solo es inadmisible: es una amenaza real de que la censura previa pueda normalizarse en México si no se corrige de inmediato.
Información adicional:
Este caso ocurre en un momento crítico para la justicia en México. Si bien la reciente Reforma Judicial prometía cambios estructurales en beneficio de la ciudadanía, litigios como el que ocurre en Puebla evidencian que el nuevo contexto de acceso a la justicia en México permite arbitrariedades que tergiversan herramientas fundamentales de derechos humanos. Situaciones de este tipo, que antes solían corregirse con rapidez por vías de control judicial, hoy amenazan con normalizarse.
Propuesta Cívica es una organización mexicana con más de 14 años de trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
