PRONUNCIAMIENTO | Impunidad en Coahuila

Absolución del agresor de la periodista Mayra Cisneros sienta un precedente de impunidad en Coahuila

• Propuesta Civica reprueba la decisión basada en un razonamiento contradictorio e injustificado.

• Desde hace ocho años Mayra permanece desplazada de manera obligatoria ante el inminente peligro que corre su vida. 

Ciudad de México a 26 de febrero de 2026.- Desde Propuesta Cívica condenamos enérgicamente la reciente decisión del Juez de Distrito José Daniel Olvera López en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, sede Torreón, quien el día de ayer, 25 de febrero, dictó sentencia absolutoria en favor de Florencio Siller Linaje, exalcalde de Ciudad Frontera, por el delito de amenazas contra la periodista Mayra Cisneros Reyes.

Esta resolución representa un atentado directo contra la libertad de expresión y establece un precedente negativo para la seguridad de las y los periodistas en Coahuila, entidad que ocupa el séptimo lugar en asesinatos a periodistas.

Es particularmente grave en un contexto nacional donde ejercer el periodismo es una actividad de riesgo constante. En México, la cifra de impunidad alcanza un alarmante 98%, y casos como el de Mayra —quien tras ocho años de lucha judicial ahora forma parte de esta estadística— confirman que el Poder Judicial de la Federación (PJF), sigue fallando en su deber de proteger a quienes informan.

Propuesta Cívica ha reiterado que la falta de sanciones efectivas a quienes cometen el delito de amenazas es un precursor crítico de agresiones a mayor escala: como la privación de libertad, la desaparición o el homicidio.

Como partícipes en el juicio oral reconocemos la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que en el proceso acompañó de forma profesional y cercana a Mayra, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y ejercicio periodístico. Destacamos su inclusión de criterios diferenciados en favor de grupos vulnerables como son las personas periodistas y las mujeres periodistas.

No obstante, resulta indignante que esta sentencia provenga de un Juzgador que, tras ser elegido mediante voto popular, tuvo ante sí una oportunidad histórica para reivindicar el papel del PJF y enviar un mensaje contundente contra la impunidad.

En lugar de ello, el Juez Olvera López optó por un razonamiento contradictorio e injustificado al integrar requisitos inexistentes en el Código Penal de Coahuila, como la exigencia de comprobar una "perturbación a la paz" de la víctima, lo cual no se encuentra previsto en la descripción del delito de amenazas. Además, restó valor probatorio al testimonio de Mayra al no haber testigos durante la llamada en la cual fue amenazada.

La decisión ignora el impacto diferenciado que la violencia ha tenido en Mayra, quien permanece en situación de desplazamiento forzado desde hace ocho años tras haber sido amenazada, despedida de su medio, y ser víctima de privación ilegal de la libertad.

El Juzgador mostró una total incapacidad para emitir un fallo serio basado en la evidencia técnica y científica aportada por la FEADLE, vulnerando el derecho de acceso a la justicia y revictimizando a una periodista que ha perdido su modo de vida y su seguridad por cumplir con su labor.

Desde Propuesta Cívica señalamos que la perspectiva de libertad de expresión y de género no puede ser un discurso retórico. Exigimos que: 

1. Las resoluciones judiciales se apeguen estrictamente a los elementos establecidos en la ley. 

2. No se eleven cargas probatorias para las víctimas.

3. La valoración de la prueba sea lógica y coherente con la naturaleza de las amenazas. 

4. No se envíe un mensaje de impunidad respecto a delitos cometidos contra periodistas.

En los próximos días, como Asesoría Jurídica Particular de Mayra interpondremos el recurso de apelación, esperando que en segunda instancia se revoque el gravoso fallo.

Creemos firmemente que la libertad de expresión, la presencia de las mujeres periodistas en la creación del debate público y la democracia son derechos que deben ser tutelados y protegidos por encima de cualquier intento de intimidación, presión o abuso de poder destinado a silenciar. 

Justicia para Mayra Cisneros. No más impunidad para los agresores de la prensa.