Tribunal Colegiado envía a SCJN asunto contra la nueva ley de inteligencia por su efecto inhibidor en el ejercicio periodístico
Ciudad de México a 23 de junio de 2026.- El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito reconoce el interés legítimo de un periodista para impugnar la prohibición de difundir información sobre actividades de inteligencia e investigación en materia de seguridad pública, establecida en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (LGSNIIMSP).
En representación de este asunto, Propuesta Cívica celebra la resolución relacionada con la nueva Ley de Inteligencia en México, aprobada en 2025, la cual amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La ley clasifica como reservadas las actividades de inteligencia e investigación, lo que conlleva riesgos serios en materia de derechos humanos para la sociedad, como la vulneración a la privacidad, la criminalización y la libertad de expresión, entre otros. La utilización correcta de los instrumentos de inteligencia depende de la transparencia, controles de acceso y la supervisión del uso que le den las autoridades.
En este sentido, la decisión del Tribunal Colegiado cobra gran relevancia, al reconocer la importancia del periodismo de investigación relacionado con el acceso de la ciudadanía a la información sobre posibles abusos en actividades de inteligencia e investigación, así como el uso de mecanismos de control democrático de dicha información y los límites constitucionales a las restricciones para su difusión.
Asimismo, reconoció que la sola existencia de esta prohibición en la Ley de Inteligencia produce un efecto inhibidor (Chilling effect), es decir, que tiene como consecuencia que las personas personas periodistas dejen de reportar e investigar sobre temáticas de inteligencia e investigación por miedo a represalias penales o administrativas.
El tribunal determinó que el asunto presenta el interés e importancia suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y se pronuncie.
Desde Propuesta Cívica pedimos a la SCJN que aproveche esta oportunidad y establezca estándares claros sobre los límites constitucionales de la confidencialidad en materia de inteligencia a las personas periodistas, garantizando la libertad de expresión, el acceso a la información y la rendición de cuentas en una sociedad democrática.
