México ha construido, durante más de dos décadas, una relación profundamente contradictoria con la libertad de expresión: mientras en el discurso público afirma protegerla, en la práctica la violencia contra la prensa persiste, se transforma y, en numerosos casos, permanece impune.
El informe Prohibido Investigar: La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz documenta uno de los episodios más violentos contra la prensa en México. Entre 2010 y 2016, el estado de Veracruz se convirtió en el periodo más letal para el ejercicio periodístico en México. No fue un fenómeno aislado ni producto del azar.
Fue consecuencia de la claudicación del Estado frente a sus obligaciones de protección, investigación y garantía de derechos, así como de su colusión —directa o tolerada— con estructuras criminales.
Este análisis no trata únicamente sobre Veracruz. Trata sobre un modelo en el que convergen la violencia directa contra periodistas, las dinámicas de macrocriminalidad que la sostienen y la impunidad institucional que la posibilita. Un modelo que no pertenece exclusivamente al pasado.
El informe se presenta al público porque comprender lo ocurrido no constituye únicamente un deber de memoria: es una condición indispensable para impedir la repetición de estos crímenes.
