Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras hacemos un llamado al gobernador Javier Corral para que detenga el acoso judicial contra medios y periodistas en Chihuahua

El uso indebido y/o excesivo del aparato normativo y judicial para intimidar la labor que realizan periodistas agrede de manera directa la Libertad de Expresión y de Prensa.

Es lamentable que funcionarios públicos recurran con mayor frecuencia al “acoso judicial” para silenciar o callar las voces críticas. Las demandas por “daño moral” se han convertido en otro tipo de violencia contra la prensa en México.

No es la primera vez, que el Gobernador Javier Corral hace declaraciones amagando con proceder de manera jurídica contra medios de comunicación que evidencian a través de sus investigaciones presuntas irregularidades, el pasado mes de agosto declaró públicamente que entablaría demanda civil contra al portal digital ‘La Opción de Chihuahua’, señalando que se trataría de una “demanda civil histórica.”

En una lógica de debate plural propio de toda democracia, la prensa tiene derecho a informar y criticar libremente al gobierno, y la sociedad tiene derecho a ser informada sobre distintas visiones de lo que ocurre.

Tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público, pues sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”.

La propia naturaleza pública de sus funciones que desempeña como Gobernante de un estado, le sujeta a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica.

El mismo Tribunal Interamericano ha establecido en su jurisprudencia que las autoridades están obligadas a abstenerse de emitir pronunciamientos que resulten incompatibles con la obligación estatal de garantizar la libertad de expresión. Esta es una obligación para todas las autoridades, especialmente para aquellas que ocupan las más altas posiciones del Gobierno, pues tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando estas son contrarias a sus intereses o posturas.

El debate y la crítica son admisibles y deben ser tolerables para todo funcionario público porque es un mecanismo de control democrático.

Por tanto, como organizaciones comprometidas con el respeto y garantía de la Libertad de expresión y de prensa en México solicitamos:

  • Cesen los discursos y actos intimidatorios contra medios de comunicación mencionados en Chihuahua.
  • A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitamos que inicie una investigación sobre las declaraciones inhibitorias contra la Libertad de Expresión a cargo del Gobernador Javier Corral Jurado, particularmente contra el Diario de Juárez, el Diario de Chihuahua y la Opción de Chihuahua.
  • Al Mecanismo Federal de Protección esté atento a este tipo de agresiones legales e implemente medidas preventivas.
  • Al Poder Judicial de Chihuahua como garante del Estado de Derecho, estar atento y advertir que este tipo de demandas se pueden convertir en un acto de persecución judicial para agredir la actividad de medios de comunicación y periodistas, así como, el derecho de toda la sociedad a estar informada.